La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es posible, sin embargo, sólo sería a dos de los cinco mencionados.
Una de las propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a los expresidentes está por cristalizarse. Este fue compromiso, pero en un acto democrático, se decidió tomar en cuenta la voz de los mexicanos por lo que se llamó a un levantamiento de firmas.
Gran parte de los militantes de Morena y seguidores del presidente de México, fueron los que impulsaron esta iniciativa para lograr concretar esta acción, la cual si no se lograba obtener el número requerido por las autoridades competentes sería el mismo mandatario quien proponen dichos actos ante ambas cámaras.
Esta acción causó gran controversia. Uno de los motivos es que no se puede llevar a cabo una consulta ciudadana para enjuiciar a alguien de acuerdo con lo que indica la misma constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, pero hay quienes opinaron que, si había sustentos posibles, no había necesidad de dicha acción, sino que presentadas las pruebas debe de actuarse conforme a ley.
Formas para juzgar a expresidentes.
De acuerdo a lo que indican las leyes mexicanas, existen tres formas de llevar a cabo esta acción, y son las siguiente: la del presidente, la de al menos 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso y la de dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.
Es importante detallar que (la Lista Nominal de Electores) es de 90 millones 36 mil 367, el mínimo requerido es de un millón 800 mil 727. De manera que si el Instituto Nacional Electoral (INE) valida las entregadas (en eso va el proceso que no debe pasar de 30 días), se habrían entregado casi 700 mil más de las requeridas.
Las formas de operación serían la recolección de las mismas, acto que se realizó en todo el país logrando el mínimo solicitado. Sin embargo, el mismo presidente afirmó que enviará dicha petición al congreso para considerarse.
¿Se puede juzgar a un ex presidente?
La duda sobre juzgar a un expresidente es la pregunta que todos se han hecho, hay quienes a ciegas afirman que es posible y aun desconociendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acertaron en que es posible aún y con los vacíos legales que en ella se leen.
De acuerdo con el artículo 108 constitucional establece en su segundo párrafo que el presidente de la República “… durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, se lee.
Pero no es el único apartado en el que se puede constatar tal acto, ya que en otro artículo hace referencia también a dicha acción el artículo 114 constitucional establece en su segundo párrafo que “La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años”.
De tal modo que confirmando dichos actos y analizando bien los artículos de la constitución se podría lograr consolidar dicha promesa de campaña del presidente en turno, incluso existe documento que certifica que dicho acto ya se llevó a cabo dejando como precedente el juicio de Luis Echeverría Alvares.
Este gobernó nuestro país de 1970 a 1976, y fue juzgado por la matanza del 10 de junio de 1971, conocida como El Halconazo o Jueves de Corpus, aunque muchos podrían señalar o hacer referencia a lo ocurrido en 1968 no fue así, durante este suceso él era secretario de gobernación.
El presidente envió petición a la cámara de Senadores.
La pregunta ha surgido, ¿Quiénes podrían ser juzgados?, sin embargo, la primera autoridad es quien se ha encargado de señalar e informar que serían enviados a juicio los expresidentes desde 1988 hasta la fecha, fue el pasado 15 de septiembre que Andrés Manuel López Obrador la presentó ante dicho organismo.
“Nuestra decisión es entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre sobre el posible enjuiciamiento, en el marco de la legalidad, de acuerdo con el debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha”, indico minutos antes de hacer entrega.
El presidente ha señalado en repetidas ocasiones que este tema es político, haciendo referencia que con esto quedaría antecedente para las futuras figuras políticas, quienes pensarían dos veces en cometer actos de corrupción en el poder.
“Es una postura política, yo siento que no sólo es válido castigar a los corruptos, sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción, ese es mi punto de vista, y que sea estigmatizada la corrupción para que nadie se atreva, en el futuro, a tener comportamientos deshonestos”, informó.
¿Quiénes podrían ser juzgados?
Estos serían los expresidentes que podrían ser juzgados en el dado caso de que las autoridades determinen que este ejercicio de opinión pública pueda concretarse y que el pueblo de México decida realizar dicha acción en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.
En una entrevista proporcionada para el medio Latinus, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que únicamente se podría investigar por la vía penal a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y no al resto de los exmandatarios federales, porque los delitos que pudieran haber cometido, ya prescribieron.
Lo que se había traducido en que no podría concretarse, hizo que los abogados en México encargados en hacer ejercer las leyes quedaran atónitos ante la decisión de las autoridades pues seis votos contra cinco, los ministros de la SCJN declararon la consulta como constitucional, sin embargo, aún está por definirse ya que deberían aplicarse algunos cambios.
Los que votaron por la constitucionalidad fueron los siguientes ministros y ministras: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan González Alcántara Carrancá; y Alberto Pérez Dayán, serán ellos quienes decidan si se realizaría dicha consulta.
¿Qué es de los expresidentes a ser juzgados?
Carlos Salinas de Gortari, es de los que contundentemente ha expresado al mandatario mexicano que no utilice su mote para querer promoverse políticamente, ya que su nombre está registrado por lo que podría interponer una demanda, el expresidente quien fungió en este cargo durante 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994 es ahora maestro en Estados Unidos y Gran Bretaña.
El siguiente en la lista es Ernesto Zedillo, quien también se ha encargado de enviar mensajes, aunque en lo privado al presidente, afirmando que, durante su sexenio comprendido del 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000, no hubo corrupción, indicando que su situación económica va más allá de lo recaudado como presidente a tal grado que sigue laborando para la iniciativa privada e instituciones educativas.
Vicente Fox Quezada, a diferencia de los primeros dos, representó un cambio en la política mexicana al lograr colocar a un nuevo partido en la silla presidencial, dejando aun lado al PRI quien por muchos años logró consolidarse. Fue el PAN quien logró la alternancia. Ahora se dedica a su rancho y a dar consultas a particulares. Asimismo, ha mostrado su descontento por la viabilidad del país en manos de Andrés Manuel López Obrador. Su mandato fue en el periodo del 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.
Se da la sucesión y continua el PAN en la presidencia, llegando Felipe Calderón Hinojosa, quien después de retirarse de los reflectores de la política decidió regresar para hacer oposición al presidente en turno con un nuevo organismo político “México Libre”, a través de constantes publicaciones en twitter se le ve al exmandatario externando su descontento ante las decisiones que se toman y más ahora entorno a la pandemia del COVID-19.
Después de estos 12 años, regresa el PRI al poder de la mano de Enrique Peña Nieto, de quien se sabe vive en España y antes de concluir su mandato afirmó que existía interés de integrarse como consejero del PRI, sin embargo, hasta la fecha no se sabe si esto se concretó, se ha mantenido distante de lo que ocurre en el país.
Sin duda alguna, esta decisión para muchos es favorable, para otros es política para seguir controlando las masas, sin embargo, la iniciativa es buena, siempre y cuando sea bien encaminada y no tenga presente tintes políticos como los que se le ven, en dicha pregunta que propone el jefe del ejecutivo.