Siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia psicológica o física y se han reportado 642 feminicidios en Ecuador desde 2014. Después de una visita al país, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer exhortó a eliminar las barreras que perpetúan los desafíos de género que enfrentan las ecuatorianas, como los recortes presupuestarios y la criminalización del aborto.
Hay una serie de obstáculos para que la Ley Orgánica sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador sea plenamente operativa, concluyó una experta de la ONU en derechos humanos después de una misión al país.
Dubravka Simonovic aseguró que a pesar de que la adopción de la legislación que busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres representa un avance significativo en el país, los recortes presupuestarios propuestos, la criminalización del aborto y la falta de coordinación entre los organismos de ejecución pertinentes impiden su plena implementación.
“Si el gobierno da prioridad a la implementación de la nueva ley, y al desarrollo de un Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia contra todas las mujeres; y asigna el presupuesto necesario, estoy convencida de que Ecuador podría hacer avances significativos en el futuro cercano para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas del país”, expresó en un comunicado.
La relatora especial dijo que se trata de una cuestión de extrema importancia para la nación. Siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia psicológica o física y se han reportado 642 feminicidios desde 2014.
Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, a menudo como resultado de violación o incesto, así como de un sistema de justicia penal que prohíbe el aborto terapéutico con interpretaciones excesivamente restrictivas del derecho a la vida y las exenciones de salud.
“El alto nivel de violencia sexual y violaciones, incluso contra niñas y adolescentes en las escuelas y entornos educativos, pero también en el hogar es de particular preocupación. La definición de violación en el código penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ya que este requisito impide que los perpetradores sean llevados ante la justicia, mientras que la prescriptibilidad para denunciar una violación debe enmendarse para permitir el inicio eficiente de los procesos penales una vez que la víctima haya cumplido la mayoría de edad”, aseguró la experta.
La relatora especial también exhortó a Ecuador a liberar a unas 250 mujeres que presuntamente se encuentran detenidas debido a acusaciones de aborto. “Esto es contrario a los estándares internacionales y debe abordarse con urgencia.”