El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria advirtió al gobierno mexicano que sus planes de extender la prisión preventiva automática contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e instó al Congreso del país a rechazar la propuesta de “expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos”.
Según la normativa vigente, las personas son encarceladas por ser acusadas de ciertos delitos, una práctica que va contra la ley internacional al anular el derecho de los imputados a la presunción de inocencia y negarles la posibilidad de cuestionar judicialmente la prisión preventiva.
Los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU explicaron que la reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución Mexicana, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria.
“Para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática”, apuntaron.
En un comunicado, subrayaron que la excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal.
En enero de 2018, el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que exhortaba al gobierno de México a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por considerar que son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Grupo de Trabajo afirmó ser consciente de los desafíos del país en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, llamó al Congreso de la Unión a no extender la prisión preventiva automática y a eliminar dicha figura de la Constitución y de las leyes.