La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del Estado de Coahuila, para investigar la masacre del 11 de marzo.
Los días 30 de enero, 2, 7 y 8 de febrero, así como 14 y 15 de mayo de 2014, se publicaron diversas notas periodísticas en las que se precisó que el 18 de marzo de 2011, un grupo armado perteneciente al cártel de “Los Zetas”, se presentó en el Municipio de Allende, destruyó 40 residencias y 7 ranchos, además de privar de la libertad aproximadamente a 300 personas, lo que motivó que la entonces Procuraduría del Estado de Coahuila, iniciara la indagatoria correspondiente.
De igual forma, a partir de 2016, los medios de comunicación dieron cuenta de los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, entre los años 2009 y 2012, señalándose que ese centro de reclusión operaba bajo el control de “Los Zetas”, quienes realizaban diversas actividades ilícitas.
De las constancias obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”.
En consecuencia, este Organismo Nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
En los informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales americanos formuladas por testigos protegidos del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ello en contra de servidores públicos federales, del Estado de Coahuila y de los Municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros del grupo delictivo denominado “Los Zetas”, situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias.
Entre las violaciones a los derechos humanos se mencionan:
La libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad, además de diversos pobladores del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible determinar.
La legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de la privación ilegal de la libertad de dos víctimas, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo “Los Zetas”, quienes contaron con la tolerancia de elementos de Seguridad Pública Municipal.
La inviolabilidad del domicilio, derivado del allanamiento del Rancho “Los Garza”, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, así como por la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría.
Así como violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en el Municipio de Allende, atribuibles a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con la autorización y/o apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal.