El pasado 28 de abril el presidente de México, Enrique Peña Nieto hizo la propuesta para una reforma constitucional, en la que las Juntas de Conciliación de todo el país pasarán de ser parte del poder ejecutivo al poder judicial.
La presidenta de la junta número cinco en Conciliación y Arbitraje de Reynosa, Adriana Garza, declaró que en septiembre se expuso esta iniciativa ante los senadores de la nación.
Mencionó que este cambio consiste en transferir todos los procesos y darles seguimiento por el sistema judicial.
«Nosotros pasaremos todo lo que tenemos archivado para que se le continuidad, la diferencia será que esto se realizará frente a un juez», explicó.
Agregó que aún se desconoce si los más de 55 mil empleados que laboran para este organismo a nivel nacional, conservarán su empleo.
Y comentó que en el caso de Reynosa trabajan 55 personas para esta institución.
«Se cree que para finales de este año ya se tenga una solución después de que se decida si entra o no la nueva iniciativa, transcurrirá un año en el que pasaremos toda la información», indicó.