Ciudad de México.- Para ordenar la comparecencia de Kate del Castillo, la Procuraduría General de la República (PGR) se basó en una supuesta denuncia anónima, consultó Wikipedia, el registro de la marca tequilera Honor del Castillo, y una nota del portal Regeneración. Lo anterior, más los datos personales de la actriz y productora, forman el “acervo probatorio” que llevó a la representación social a tener la “intuición” y “percibir” que la también empresaria realizó negocios ilícitos con Joaquín Guzmán Loera.
Según el “acuerdo de busca, localización y presentación”, a través del que se instruye la detención de Kate del Castillo Negrete Trillo en calidad de testigo, el Ministerio Público considera suficiente el mencionado acervo para concluir que Guzmán Loera quería invertir en una película autobiográfica y en la marca de tequila Honor del Castillo.
Así, con pura especulación, la orden de presentación se dictó el 15 de enero, apenas una semana después de la reaprehensión del líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 8 de enero. Los delitos de los que la actriz sería testigo: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Sin embargo, la titular de la PGR, Arely Gómez González, ha confirmado en diferentes entrevistas que hay una investigación abierta contra Kate del Castillo.
Por esa ambigüedad, el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal resolvió el pasado 15 de febrero que no podía ser “testigo” si estaba siendo investigada, y que se le debían garantizar todos sus derechos a una defensa adecuada. Esto es, que se le dieran a conocer los delitos que se le imputan o por los que se le investiga, a fin de que pudiera preparar su defensa (expediente 85/2016).
Y es que, al ser llamada como testigo, Del Castillo carecería de los derechos que tiene una persona sometida a investigación: no podría defenderse, fijar una postura legal sobre la investigación en su contra, no podría ofrecer pruebas, estar asistida por un abogado ni saber quiénes la acusan.