La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión histórica de las contrataciones del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con el objetivo de detectar posibles irregularidades, concentración de proveedores y uso indebido de recursos públicos entre 2000 y 2025. También inició investigaciones de oficio y contempla una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos locales.
La dependencia informó que dos compañías identificadas como «GC» y «GHC» acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales y otros 430 millones al INE. La ASF también detectó posibles vínculos entre empresas y funcionarios, por lo que aseguró que las investigaciones se realizarán con independencia y respeto al debido proceso.
Entre los organismos electorales que contrataron servicios con dichas compañías figuran los de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones, y Puebla, con 286.6 millones. También aparecen Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Yucatán. La ASF busca determinar si existieron irregularidades en estas operaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes.