El Gobierno federal destinará alrededor de 8.1 millones de pesos diarios al seguro de vida institucional de funcionarios activos y jubilados durante el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2029. El contrato, gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contempla un presupuesto de 8 mil 827 millones de pesos y un techo máximo de 13 mil 335 millones, convirtiéndose en una de las contrataciones públicas de mayor monto realizadas este año. La póliza, identificada con el número LA-06-712-006000998-N-13-2026, contempla a unos 853 mil trabajadores de 24 dependencias, 68 órganos desconcentrados, 113 entidades y un organismo autónomo. La cobertura considera casos de fallecimiento, incapacidad total o invalidez, con una suma equivalente hasta a 40 veces las percepciones mensuales, además de la posibilidad de ampliarla a 108 veces mediante descuentos al trabajador.
La licitación fue ganada por Seguros Banorte, empresa que superó en las evaluaciones técnicas y económicas a MetLife, Aseguradora Patrimonial y GNP. El monto del seguro incluso supera otros proyectos relevantes contratados durante el año, como el diseño y construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo. Esta prestación no debe confundirse con el seguro de gastos médicos mayores, tema que ha generado críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia la intención de restablecer ese beneficio en la Suprema Corte. «Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio ¿no? Sí, como que se transforman, no sé. Ha de estar embrujado, los espíritus del pasado, no sé. No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios (…) no estoy de acuerdo con que haya privilegios. Ningún servidor público… ¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recurso público», dijo la Jefa del Ejecutivo. «Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante, tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores, debe ser como cualquier servidor público: te puedes atender en el ISSSTE o IMSS Bienestar», agregó.
El debate también alcanzó a especialistas, quienes mantienen posturas distintas sobre estas prestaciones. El catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Miguel González, consideró que los servidores públicos deberían utilizar el ISSSTE o cubrir por cuenta propia este tipo de seguros. «Existe la creencia de que en el mercado laboral compiten los sectores público y privado por los mejores trabajadores preparados y capacitados mediante prestaciones para atraerlos, pero desde el sexenio anterior ya no es así, ahora preocupa sólo la fidelidad al liderazgo gubernamental», comentó a EL UNIVERSAL. Por su parte, el catedrático del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, defendió que los trabajadores tengan acceso tanto al seguro de vida como al de gastos médicos mayores. «Es cierto que la Presidenta tiene claro lo que ella considera privilegios, pero, con un poco de empatía, es muy fácil ponernos en el lugar de cualquier empleado de gobierno y darnos cuenta que, una de las lecciones más fuertes y graves que nos dejó la pandemia, es que no podemos confiarnos en el ISSSTE o Seguro Social como prestación oficial», dijo a este diario. «Por eso, es correcto aspirar a que nuestro empleador [privado o público] nos ofrezca seguro de vida y de gastos médicos como prestación. El error es de la Presidenta, que estigmatiza y exagera estas prestaciones haciéndolas ver un lujo», concluyó.