Cumplen con los requisitos para salir de prisión, pero siguen encarcelados por no poder pagar la reparación del daño
La Defensoría Pública Federal busca apoyo ciudadano para adultos mayores, personas enfermas y mujeres que podrían recuperar su libertad si logran cubrir ese requisito legal
H. Matamoros, Tamaulipas.- Personas adultas mayores, enfermas, mujeres en condición de vulnerabilidad e incluso personas con discapacidad permanecen privadas de su libertad pese a reunir casi todos los requisitos legales para obtener un beneficio de preliberación. El único obstáculo es que no cuentan con recursos para cubrir la reparación del daño exigida por la ley.
Los defensores públicos federales Aurora Reaga Álvarez y Héctor Alejandro García Márquez explicaron que el Instituto Federal de Defensoría Pública desarrolla, desde noviembre pasado, un programa nacional para identificar y brindar acompañamiento jurídico a personas pertenecientes a grupos vulnerables que podrían acceder a beneficios como la libertad condicionada o la libertad anticipada.
Explicaron que, además de acreditar buena conducta, cumplir parte de la condena, no tener procesos pendientes y participar en programas de reinserción, la ley obliga a cubrir la reparación del daño. De no hacerlo, el interno deberá permanecer en prisión hasta cumplir la totalidad de la sentencia.
«Si una persona fue sentenciada a 20 años y no puede pagar la reparación del daño, tendrá que cumplir los 20 años completos», señalaron, al aclarar que la multa puede sustituirse por trabajo comunitario en algunos casos, pero la reparación del daño no.
Actualmente, estiman que alrededor de 25 personas podrían beneficiarse de este programa en los penales de Tamaulipas. La Defensoría realiza brigadas dentro de los centros penitenciarios para detectar casos de adultos mayores, personas enfermas, mujeres e integrantes de pueblos indígenas que cumplan con los requisitos legales.
Los abogados reconocieron que no existe un programa gubernamental destinado a cubrir estas reparaciones, por lo que hicieron un llamado a la sociedad civil, asociaciones y empresarios para sumarse al esfuerzo. Aseguraron que muchos internos manifiestan su disposición de trabajar para resarcir el daño una vez que recuperen su libertad.
Además, advirtieron que las mujeres privadas de la libertad enfrentan una situación particularmente complicada, ya que con frecuencia son abandonadas por sus familias y muchas tienen hijos fuera del penal, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.