El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Miguel Anido Cuesta y otros integrantes vinculados al poder político y militar de la isla. Las medidas incluyen el congelamiento de posibles bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, como parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para incrementar la presión sobre La Habana.
Además de los funcionarios y familiares señalados, las restricciones alcanzan a diversas instituciones cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y organizaciones relacionadas con actividades sociales y turísticas. Washington sostiene que estas acciones buscan afectar estructuras que respaldan al actual gobierno cubano.
Desde Cuba, las autoridades rechazaron la decisión y acusaron a Estados Unidos de intentar intensificar el bloqueo económico y fomentar un escenario de confrontación. Díaz-Canel afirmó que estas medidas «están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos», mientras que funcionarios cubanos aseguraron que mantendrán su postura frente a las presiones externas.