POR: Ezequiel CARAM MX
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. – La Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene abiertas las investigaciones en contra del exalcalde de Matamoros y actual diputado federal, Mario López Hernández, conocido como “La Borrega”, debido a la existencia de millonarias cuentas públicas sin comprobar durante su gestión municipal.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, confirmó que los procesos de fiscalización siguen su curso y advirtió que el caso se encuentra bajo un estricto análisis que podría derivar en serias consecuencias legales.
“Ese comentario que yo hice, lo hice el año pasado también, es un tema que está ahí la comisión de contraloría está trabajando en el análisis; ya la investigación lo tendrá que ver la auditoria y procesos de administración o penales que se tienen que ver en su momento”, mencionó el líder del Congreso.
Un boquete financiero de 200 millones de pesos
Prieto Herrera reveló el monto estimado que ha puesto al exedil matamorense en el ojo del huracán, aclarando que no se trata de un asunto de rezago temporal, sino de una revisión profunda a las finanzas públicas. Asimismo, el legislador destapó que esta misma situación afecta al exalcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera.
“Se atrasó la auditoría anterior y la actual ya se está poniendo a trabajar, no es un tema de años, simplemente se está revisando esto, son aproximadamente como 200 millones lo que tienen presente; la auditoría da oportunidad de que presenten documentos faltantes y bueno ellos son parte del congreso y bueno nosotros pedimos que se pongan al corriente, también es la misma situación con Adrián Oseguera”, puntualizó de manera tajante.
Sin tregua a la opacidad
Con estas declaraciones, el Congreso del Estado deja en claro que la fiscalización de los recursos públicos no se detendrá, obligando a los exalcaldes a solventar las inconsistencias documentales de forma inmediata. De no presentar las pruebas que justifiquen el destino de los recursos, ambos políticos tamaulipecos podrían enfrentar procesos administrativos o penales que pondrían en jaque su futuro político.