La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, junto con los 32 titulares estatales del sector educativo, dio marcha atrás a la propuesta de concluir el ciclo escolar 2025-2026 de manera anticipada. Tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se confirmó que el calendario oficial seguirá vigente, por lo que las clases terminarán el 15 de julio, respetando los 185 días efectivos establecidos en la Ley General de Educación. La dependencia también aclaró que podrán hacerse ajustes regionales únicamente en situaciones excepcionales, como condiciones climáticas extremas o necesidades logísticas específicas.
El especialista del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, consideró que «prevaleció la sensatez», aunque criticó el proceso previo por considerarlo poco claro y apresurado. Señaló además el desgaste generado por una propuesta que, a su juicio, no tomó en cuenta la complejidad del sistema educativo ni el impacto en la organización escolar. Desde otra perspectiva, Michelle Gama, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, advirtió que adelantar el cierre de clases habría generado una «crisis de cuidados», afectando principalmente a mujeres trabajadoras y madres de familia, además de exponer a menores a situaciones de vulnerabilidad por la falta de espacios seguros.
Diversas organizaciones también respaldaron la decisión final. Mexicanos Primero subrayó que el calendario escolar es clave para garantizar procesos de aprendizaje y evaluación, mientras que Educación con Rumbo destacó la presión social que llevó a revertir la medida, señalando que ignoraba tanto el marco legal como las condiciones de muchas familias. En la misma línea, la Unión Nacional de Padres de Familia, encabezada por Israel Sánchez, calificó la propuesta inicial como «improvisada» y sin sustento técnico. En conjunto, los actores coincidieron en que mantener el calendario representa un ajuste necesario para proteger el derecho a la educación y evitar decisiones que alteren el funcionamiento del ciclo escolar.