La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con fiscales de otros 23 estados, presentó una demanda para frenar el nuevo esquema de aranceles promovido por el presidente Donald Trump. El recurso legal fue presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional con el objetivo de declarar ilegales los gravámenes y solicitar reembolsos.
La acción ocurre semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles conocidos como “Día de la Liberación”, al considerar indebido el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Tras ese fallo, el mandatario anunció otra ronda de impuestos comerciales, esta vez basada en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una tarifa global de 10% que podría subir a 15%.
«Tras el rechazo de la Corte Suprema a su primer intento de imponer aranceles radicales, el presidente está provocando un mayor caos económico y esperando que los estadounidenses paguen la factura», declaró James. Los fiscales argumentan que la medida invade facultades del Congreso y constituye un intento de evadir el fallo del máximo tribunal.