Un grupo de veinte estados liderados por gobiernos demócratas, junto con el Distrito de Columbia, presentó este miércoles una demanda contra una política implementada por la administración de Donald Trump. La medida impide que se utilicen subvenciones federales, originalmente destinadas a asistir a víctimas de delitos como violencia doméstica, agresión sexual o trata de personas, para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados. La demanda fue interpuesta en un tribunal federal en Rhode Island.
La política en cuestión, promovida por el Departamento de Justicia, introduce restricciones conocidas como “costos no admisibles” que afectan recursos provenientes de leyes como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). La normativa prohíbe que estos fondos se usen para ayudar a personas sin estatus migratorio legal, salvo en contadas excepciones. Sin embargo, los estados argumentan que esta disposición es ambigua, dificulta la implementación y les obliga a verificar el estatus migratorio de todos los beneficiarios, lo que consideran un proceso complejo e innecesario.
“El apoyo legal proporcionado por estos fondos es esencial para proteger a las víctimas”, señaló el fiscal general de California, Rob Bonta, quien forma parte de la coalición demandante. “La Administración Trump continúa impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, agregó. Bonta también advirtió que la vaguedad de la norma podría llevar a que muchas organizaciones reduzcan sus servicios por temor a incumplir las nuevas reglas. Entre los estados que firmaron la demanda están New York, Illinois, Arizona, Massachusetts, Washington y Oregon, entre otros.