Una jueza federal en California, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, dictaminó la suspensión temporal de las redadas migratorias que ICE había estado realizando en varias comunidades desde junio. La decisión surge tras una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que señaló abusos en las operaciones, y busca proteger los derechos de los detenidos conforme a la Cuarta Enmienda, prohibiendo arrestos arbitrarios sin sospecha razonable.
Además de detener las redadas, la jueza ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que garantice acceso a representación legal para todas las personas bajo custodia en el centro federal de Los Ángeles. Se prohíben también prácticas como detenciones basadas en raza, idioma o acento, así como arrestos en sitios vulnerables como lavaderos de autos o paradas de jornaleros, métodos que según ACLU eran empleados sistemáticamente.
El fallo ha generado diversas reacciones: mientras el fiscal federal Bill Essayli defendió las acciones de ICE asegurando que respetan la Constitución, gobiernos locales y una coalición de ciudades como Culver City y Santa Mónica respaldaron la demanda, señalando también el alto costo económico que han implicado las redadas, con gastos extras que en Los Ángeles superan los 9 millones de dólares.