La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de reformas y acciones para enfrentar las desapariciones forzadas en el país, especialmente tras el caso de Teuchitlán. Durante una conferencia de prensa, aseguró que el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será clave, junto con cuatro iniciativas legislativas que enviará al Congreso en las próximas semanas. Estas medidas tienen como objetivo centralizar la información sobre desapariciones, mejorar las investigaciones y la prevención, y reforzar el marco legal contra la impunidad.
Sheinbaum destacó que la colaboración entre las autoridades federales, estatales, fiscales y el Poder Judicial es fundamental para resolver estos casos. Según la mandataria, el fenómeno de las desapariciones en México ha cambiado, pues antes era perpetrado por el Estado, pero hoy está asociado principalmente con la delincuencia organizada. La presidenta subrayó que, debido a la falta de pruebas, algunos detenidos han sido liberados, lo que retrasa la resolución de los casos.
En sus propuestas legislativas, Sheinbaum abordó la necesidad de crear un solo registro nacional de personas desaparecidas, lo que permitiría un mejor seguimiento y la integración de datos de diversas instituciones. También presentó un proyecto para modificar la Ley General de Población, con el fin de usar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como herramienta para la identificación y localización de desaparecidos. Además, propuso la creación de una base única de información forense que centralice los datos de todas las fiscalías del país, tanto estatales como federales.
La mandataria también destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en la búsqueda de personas desaparecidas. Informó que la CNB utilizará tecnología láser y equipos de detección avanzada para realizar excavaciones y generar mapas en 3D de los terrenos de búsqueda. A su vez, presentó una iniciativa para agilizar la respuesta ante desapariciones, que incluye protocolos para emitir alertas de búsqueda sin tener que esperar 72 horas, como aún sucede en algunos estados, y homologar las penas de desaparición con las de secuestro.