Ante la solicitud apremiante que busca legalizar a indocumentados el Tribunal Supremo acordó se llevara acabo una revisión del año electoral de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama y con ello permitir hasta 5 millones de inmigrantes que viven en los EE.UU. ilegalmente, puedan «salir de las sombras» y trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Los jueces informaron que considerarán deshacer las órdenes de los tribunales inferiores que bloquearon que dicho plan entre en vigor en medio de una campaña presidencial.
El caso se argumentará en abril y se decidirá a finales de junio, definiéndose un mes antes de que ambas partes se reúnan para sus acuerdos de nombramiento.
Los inmigrantes que se beneficiarían con el plan del gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.
En este tema, Texas está liderando 26 estados, principalmente republicanos dominando el desafiar el plan de inmigración de la administración demócrata.
Hasta el momento, los tribunales federales se han puesto del lado de los estados para mantener la administración de la emisión de permisos de trabajo y permitir que los inmigrantes puedan recibir algunos beneficios federales.
«Estamos seguros de que las políticas se respetarán como legales» afirmó la portavoz de la Casa Blanca Brandi Hoffine después de la acción de la corte este martes.
Se trata de la Acción Diferida para los padres en los programas estadounidenses, que mencionó Obama a finales del 2014 y que permitiría a las personas que han estado en los Estados Unidos más de cinco años y que tienen niños que se encuentran en el país legalmente, para así ellos finalmente «salir de las sombras y estar bien con la ley «.
Texas llevó rápidamente un desafío legal al programa y ha ganado todos las peleas en el juzgado hasta el momento y recientemente, en noviembre, el quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones falló a favor de los estados, lo que provocó el recurso ante el Tribunal Supremo.
Procurador General Donald Verrilli Jr. informó en su presentación judicial que permitir que esas resoluciones obligarían a millones de personas «a continuar laborando fuera de los libros, sin la opción de empleo legal para mantener a sus familias.»
La administración afirmó que Texas y los otros estados no tienen ni siquiera el derecho a impugnar el plan en una corte federal.
Los tribunales de primera instancia decidieron que Texas tiene el derecho, o de pie, a demandar ya que al menos 500.000 personas que viven en Texas las cuales califican para los permisos de trabajo y por lo tanto tener derecho a licencias de conducir, el costo de los cuales están subvencionados por el Estado.